Impeachment a un ex-presidente: cómo sería en Uruguay

Estados Unidos está enfrascado en promover el segundo juicio político (impeachment) contra el ahora ex Presidente Trump. El motivo es la participación activa del ex Presidente y sus allegados en los sucesos violentos contra el Congreso del 6 de enero, cuando se debía proclamar al nuevo mandatario electo. Habrían alentado y eventualmente planificado los disturbios fuera y dentro del edificio del Congreso. 

Sin embargo, este impeachment tiene una cuestión previa, estrictamente constitucional, que debe ser abordada: ¿puede un funcionario de alto rango, normalmente sujeto al enjuiciamiento político mientras está en ejercicio de sus funciones, ser perseguido una vez que ha cesado en su cargo? 

Los juicios políticos no fueron establecidos como mecanismos de juzgamiento de conductas penales de los gobernantes, ya que los tribunales penales son el ámbito natural ante el cual deben rendir cuenta de sus actos criminales. Un congreso o Parlamento no sustituye al poder judicial; hace lo que el poder judicial no puede: destituir a un gobernante electo o designado para una alta investidura. 

El impeachment es un mecanismo excepcional de quitarle al gobernante, mediante un procedimiento constitucional, esa legitimidad que tiene en el origen de su cargo dada por la elección popular o una designación democrática del Parlamento.

Con lo anterior queremos significar que el valor de enjuiciamiento político, su esencia y su finalidad, no es otra que aplicar la destitución del gobernante corrupto, delincuente o gravemente criminal que ha perdido las condiciones e idoneidades mínimas que imponen su investidura.

¿Cómo se podría sostener entonces que un gobernante que culminó sus funciones igual podría ser enjuiciado por el Parlamento, si ya no operaría la destitución en caso de ser condenado?

Los que afirman la pertinencia del impeachment posterior al cese del gobernante fundamentan su razonamiento en que debe extenderse el poder de juzgar si los hechos que dan origen al mismo ocurrieron durante el ejercicio del cargo. De lo contrario quedarían impunes. Al mismo tiempo, la condena buscaría atribuirle la responsabilidad como forma de sancionarlo políticamente en el futuro, marcando su conducta ante el electorado.

Imaginemos por un momento alguna situación en Uruguay. 

Un Presidente asume el cargo y mantiene, en paralelo, un vínculo laboral, comercial y económico con una institución prestadora de servicios de salud, que recibe distintos fondos públicos a modo de contribuciones, reembolsos, pago de servicios, etc. Esos fondos dependen de la institución presidencial. A primera vista, parece un abuso grave del poder conferido al Presidente, porque es incompatible ambas funciones y porque claramente incurre en corrupción pública prohibida por las leyes vigentes.

Dice el art. 93 de la Constitución: “Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa.”

Mientras el presidente se encuentre en funciones, entonces, será responsable ante el Parlamento por esa conducta corrupta, quedando sometido al juicio político previsto en el art. 93 de la Constitución. Ello abre la instancia de una primera acusación formal ante la Cámara de Representantes, y en caso de aprobarse la misma, una segunda instancia ante la Cámara de Senadores para que lo juzgue y eventualmente lo condene. La sanción derivada de esa condena es la destitución del cargo.

Pero cómo sería la cuestión si el Presidente de la República ya ha cesado. ¿El Parlamento podría perseguirlo políticamente utilizando el mismo enjuiciamiento del art. 93? Evidentemente no. La cuestión pasará a ser competencia de los tribunales penales, que sólo podrán avanzar en caso que se constate que esa conducta constituye un delito penal. 

El Parlamento no queda con la reserva de emitir sanciones a personas que han sido cesadas o perdieron su investidura por culminar el mandato. A eso se refiere el texto constitucional cuando habla de las personas enjuiciables: los menciona como “presidente”, “vicepresidente”, “miembro de …”. No lo personaliza en forma alguna porque asocia juicio político con la investidura.

En segundo lugar, es claro que el art. 172 de la Constitución reafirma esa interpretación. Establece: “El Presidente de la República no podrá ser acusado, sino en la forma que señala el artículo 93 y aun así, sólo durante el ejercicio del cargo o dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mismo durante los cuales estará sometido a residencia…”. 

Además, el instituto del juicio político no es una herramienta para producir consecuencias electorales, sino para proteger a los ciudadanos y las instituciones de gobernantes corruptos, que se han apartado groseramente de los principios democráticos y del orden constitucional. 

Esta es una diferencia sustancial con otros modelos constitucionales, que buscan no sólo la destitución del cargo del infractor sino sanciones más severas. En algunos casos es una verdadera condena restrictiva de la libertad personal, idéntica a la sanción de un juez penal con cárcel, en otros casos es una limitación o pérdida de derechos políticos futuros a ocupar cargos electivos o funciones públicas. 

Aunque es cierto que el origen del impeachment creado por los ingleses se aplicaban penas tremendas a los funcionarios del rey que eran perseguidos por las cámaras de los comunes o de los lores, como destierro, pérdida del patrimonio, cárcel, pena de muerte, etc., eso fue suavizado en el transcurso de más de 500 años.

En la Constitución Federal de Estados Unidos de 1787, modelo de todas las constituciones latinoamericanas, se permite que el presidente, el vicepresidente y demás funcionarios civiles puedan ser separados y destituidos de sus cargos, además de recibir la acceder en el futuro a ocupar cargos públicos federales (Artículo II, Cuarta Sección). Pero igualmente la cuestión no queda laudada acerca de si es posible perseguir, condenar y sancionar con estas penas a un presidente que ya ha dejado su cargo. En el segundo impeachmen al expresidente Trump ya se ha sostenido que es un proceso inconstitucional por muchos legisladores. Puede consultarse la opinión de los legisladores a favor del impeachment al ex presidente en: https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/house_trial_brief_final.pdf?utm_campaign=5706-519; y el resumen de la opinión en contra de la constitucionalidad del juicio político a un ex presidente en https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/28/5-arguments-gop-is-making-against-impeachment-parsed/).

En nuestro país solamente se admitiría la condena a la destitución, no así a prohibir futuras designaciones o elecciones para cargos públicos. Eso queda reservado a una eventual condena de los tribunales penales si llegan a intervenir en ese caso.

Esta diferencia es lo que ha motivado a muchos a permitir el juicio político para los presidentes y demás gobernantes una vez que abandonaron sus funciones. Les permite un camino que terminará con intentos de reelecciones o postulaciones para cargos electivos o incluso para ser designados en cargos de gobierno. 

Aunque en varios países, como en Estados Unidos hoy, esta es una cuestión abierta, en Uruguay ha sido correctamente laudada por nuestros constituyentes, alejando el enjuiciamiento político del campo puramente electoral, político y partidario para preservar en todo lo posible las motivaciones más cercanas a la legalidad, la institucionalidad y la ética pública.

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