Patentes de rodados: acuerdo oficial que pagan las familias

No es nada sencillo desentrañar los acuerdos que cerraron los Intendentes y el Gobierno Nacional para zanjar la cuestión de las patentes, pero hay una certeza al menos: los contribuyentes pagarán los platos rotos.

Desde que los vehículos comenzaron a circular por el país, al inicio mismo de la revolución industrial, cada Intendencia fue la rectora de todo lo relativo a los automóviles, como los controles, las autorizaciones, los permisos para conducir y obviamente los impuestos que se les cobrarían por ponerle a disposición la infraestructura y servicios. Nadie discutía sobre aforos, domicilios de los contribuyentes, controles inspectivos y otras cosas más por el estilo, sencillamente porque eran pocos vecinos y menos automóviles. Se le dejó ese ingreso a cada Intendencia, que debía decretarlo y administrarlo por su cuenta, como dice la misma Constitución (art. 297).

El crecimiento de las carreteras, las mejoras tecnológicas de los vehículos y el flujo comercial agravaron la cuestión de la “soberanía” para cobrar a cada propietario el impuesto por circular en las ciudades. Pero aún así, los problemas no eran tan importantes en las décadas de los 50, 60, 70. Seguíamos siendo cerca de 3 millones de habitantes y pocos vehículos en proporción. Sin embargo, a partir de la década del 80 se acelera un proceso de marcado incremento de los presupuestos departamentales y de la cantidad de funcionarios y personas contratadas que trabajan para las Intendencias.

Allí comenzó la “guerra” entre las distintas Intendencias, donde los principales rehenes no fueron los presupuestos municipales ni la burocracia asociada, sino los contribuyentes. Los Intendentes no ajustaron sus gastos e inversiones a las posibilidades fiscales; la aumentaron y la cargaron especialmente sobre los ingresos vehiculares. También es cierto que cuanto más vehículos hay la necesidad de obras y servicios es mayor, aunque nadie puede decir que el desafío haya sido satisfecho por las Intendencias.

Las patentes vehiculares, que eran ingresos no sustanciales, pasaron a ser objeto de deseo para las arcas municipales. Se estima que los contribuyentes aportan efectivamente por la patente de rodados en las tesorerías de las 19 Intendencias algo más de 200 millones de dólares por año, y que habría otros 40 o 50 millones de dólares no percibidos por ineficiencia o morosidad.

En este escenario, el primer atropello a los ciudadanos fue el notorio desequilibrio entre los montos de las patentes que cada Intendencia cobra a similares vehículos matriculados en cada Departamento. La injusticia es evidente: si uno vivía a 20 kilómetros de otra persona, por idéntico vehículo, pagaba diferencias de hasta el 200 o 300 por ciento según la Intendencia que tocara. Los contribuyentes fueron claramente perjudicados y en muchos casos -al margen de las normas- optaron por buscar el menor costo por patente.

Después comenzó la persecución territorial en el 2008. Los inspectores fueron convertidos en cazadores de tributos, hurgando en la vida privada de las personas, exigiendo comprobantes, deteniendo vehículos, aplicando multas, quitando licencias de conducir. Se llegó incluso a dictar la ley 18.456, claramente inconstitucional, que regula todos los puntos críticos para que esa actividad esté legalizada (fija domicilios, registros, documentos, etc.).

Finalmente llegó la actual administración nacional que se cargó al hombro resolver esta situación. Lo hizo por la única vía infalible para los gobiernos departamentales desesperados por ingresos y agobiados por deudas: sacar la billetera. Ahora sí los Intendentes “acordaron”, sin importar demasiado que se les advirtiera por todos los especialistas que era un camino altamente inconstitucional y contrario a la institucionalidad.

Así se diseñó una nueva ley, cuyo contenido es crear un centro recaudador de todos los tributos por patentes de rodados, multas y recargos de cada uno de los Departamentos (llamado “Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares – SUCIVE”), que luego distribuye los recursos a cada Intendencia por fórmulas de asignación y que los complementa -cuando no!- con aportes del Presupuesto Nacional.

El artículo 10 de la ley que crea el SUCIVE autoriza a Rentas Generales a transferir las sumas necesarias para asegurar que la recaudación total de cada Gobierno Departamental no sea inferior a la correspondiente al ejercicio 2010, y además permite aumentar el Impuesto Específico Interno (IMESI) que grava las enajenaciones de vehículos automotores. Esto representa un compromiso de transferir a las Intendencias hasta 30 millones de dólares por año de los contribuyentes nacionales y un aumento de paso del impuesto del IMESI a los consumidores para la compra de nuevos vehículos.

No vale la pena comentar hoy los detalles del sistema que han creado. Solo tengan presente que cuando se habla del acuerdo sobre las patentes de rodados, el dinero de los contribuyentes está de nuevo en danza, pero no sólo el de los propietarios de los vehículos (como corresponde), sino ahora también el de los simples ciudadanos que al pagar sus impuestos estarán subsidiando una vez más las tesorerías de las Intendencias. Si lo dividimos por la población, probablemente cada habitante termine pagando cerca de 10 dólares al año para que le pongan un punto final a la “guerra de las patentes”.

No hay aún compromisos de gestión o estándares comunes y mínimos de servicios y obras que deben efectuar las Intendencias. Tampoco exigencias sobre productividad, eficiencia o mejora de la actividad municipal. Ni sobre la estructura de recursos contratados. Únicamente más presión sobre las familias sin que nadie aplique el sentido común ni se preocupe en defenderlas.

Este artículo se publicó originalmente el 26 de diciembre de 2011 en http://columnistas.montevideo.com.uy/uc_52459_1.html

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